Las parejas divorciadas en Japón podrán compartir la custodia de sus hijos por primera vez gracias a importantes cambios legales.
Las revisiones, que entraron en vigor esta semana, marcan la primera vez en más de un siglo que se actualiza la ley de custodia infantil de Japón. Hasta ahora, la ley civil del país exigía que los padres divorciados eligieran a un solo progenitor con custodia, excluyendo a menudo al otro progenitor de decisiones importantes en la vida del niño.
Según la nueva ley, los padres pueden elegir la custodia compartida o exclusiva cuando se divorcian. Aquellos que ya hayan finalizado los acuerdos de custodia pueden solicitar al tribunal de familia que cambie el acuerdo.
Las reformas se producen después de años de presión por parte de activistas que afirman que el sistema anterior causaba daños psicológicos a los niños y excluía injustamente a los padres sin custodia.
Los partidarios dicen que los cambios permitirán a los padres seguir involucrados en decisiones importantes como la educación, la atención médica y el lugar donde vivirán sus hijos.
La medida coloca a Japón en línea con otros países del G7 donde la paternidad compartida después del divorcio es más común. Aproximadamente 200.000 niños en Japón se ven afectados por el divorcio cada año, y las investigaciones muestran que muchos niños pierden el contacto con uno de sus padres con el tiempo.
Sin embargo, las reformas han generado preocupación entre los críticos, particularmente en relación con la violencia doméstica. Algunos temen que la custodia compartida permita que una expareja abusiva continúe controlando o dañando a su expareja o a sus hijos.
Emi Ishikawa, superviviente de violencia doméstica, dijo a The Guardian: «Para ser honesto, da mucho miedo. Durante los próximos 12 años (hasta que el niño sea adulto) tengo que vivir con el miedo de no saber cuándo mi exmarido solicitará la custodia compartida».
Algunos han advertido que los cambios otorgarán más responsabilidad a los tribunales de familia, que pueden necesitar intervenir si los padres no pueden dar su consentimiento.
El gobierno dice que el nuevo sistema requiere que los padres trabajen juntos en el mejor interés de sus hijos, pero se espera que continúe el debate sobre su impacto a largo plazo.
